La Procuraduría General del Estado se suma al pedido de 15 años de cárcel para la ex Presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, quien junto a su hija en solitario enfrenta un juicio ordinario promovido por todo el aparato estatal conformado por el Gobierno de Luis Arce, la Fiscalía y el poder judicial.
La ex Mandataria de Estado es objeto de la falta de un ‘debido proceso’ acusada por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, juicio orquestado por el partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), que basa el juicio ordinario en una teoría de golpe de Estado.
«Vamos a pedir a sus autoridades que emitan una sentencia condenatoria de 15 años para la señora Jeanine Áñez Chávez y los acusados”, dijo el subprocurador de Supervisión e Intervención del Estado, Kaleff Clemor, en momentos en que el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, integrado por German Ramos Mamani, Marco Vargas y Liz Avilés, acelera el proceso judicial.
Este caso tiene su raíz en los sucesos que derivan de la renuncia y posterior huida a México del entonces presidente Evo Morales Ayma. En la noche del martes 12 de noviembre de 2019, es decir, dos días después de la renuncia colectiva de Morales y todos los legisladores de su partido el MAS, habilitados en la línea de sucesión presidencial, La senadora Jeanine Añez asume la presidencia del Bolivia en medio del ‘vacío de poder’ y con un país al borde de la guerra civil.
El aparato estatal controlado por el partido de Evo Morales, no admite esta realidad y emprendió la campaña de reescribir su propia visión de la historia. «La senadora Jeanine Áñez se autoproclama como presidenta del Estado sin respetar los procedimientos de la Constitución Política del Estado, el reglamento de la Cámara de Senadores, el Reglamento de la Cámara de Diputados que regulan las sesiones de la Asamblea», dijo Clemor.
Pero la realidad en Bolivia era otra en esos días negros de noviembre del 2019, cuando el descontento de la población se volcó a las calles y plazas, motivado por las acciones anticonstitucionales de Evo Morales y su partido el MAS, quienes emprendieron campaña con recursos públicos para perpetuarse indefinidamente en el Gobierno, tras 14 años continuos en el Poder, incluso, sin respetar la ‘voluntad popular’ expresada en el referendo vinculante del 21 de febrero del 2016.
De esas graves violaciones a la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes, el gobierno del MAS, la Fiscalía y la Justicia en Bolivia han optado por mirar a otro lado y desviar la atención de la opinión pública con juicio irregulares en contra de políticos de la oposición, como es el caso de la ex presidenta Jeanine Añez, quien se enfrenta sola a todo el aparato estatal, porque hasta los aliados de su gobierno han optado por esconder la cabeza ante la vulneración de derechos.
En este caso denominado como por el MAS como «golpe de Estado II», también fueron incluidos los ex jefe militares del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Flavio Gustavo Arce, el ex comandante Pastor Mendieta (Ejército), el ex comandante de la Policía Yuri Calderón y el ex comandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, los dos últimos prófugos, por el simple hecho de haber estado presentes en la asunción de Añez.
La única persona que que acompaña a Jeanine Añez en este viacrusis, su hija Carolina Rivera, ha denunciado que el Gobierno del MAS y los jueces y fiscales que orquestan este juicio ordinario para una ex Presidenta, pretenden dar una sentencia condenatoria el próximo viernes 10 de junio, acción irregular que intentará disminuir la reacción de la opinión pública en las puertas de un fin de semana.
Tierra Plus/rc
