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Ante las amenazas vertidas contra el premilitar que fue inducido al suicidio y obligado a comer excrementos por sus instructores del cuartel Ingavi de El Alto, podría recibir apoyo de la Unidad de Protección a las Víctimas y Testigos.
Ante este panorama, el fiscal Fernando Lea Plaza determinó hoy (01.08.2018) incluir el delito de amenazas en la investigación iniciada por el caso del premilitar que supuestamente fue vejado en el Regimiento Ingavi.
«Para el Ministerio Público hay indicios de la existencia de amenazas contra el menor, por lo que se asumió medidas como ampliar la investigación», dijo a los periodistas.
Lea Plaza explicó que la juez cuarto Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, Melina Lima, dio curso a la solicitud para ampliar la indagación.
Señaló que se recurrió a la Unidad de Protección a las Víctimas y Testigos para hacer una valoración y determinar la vulnerabilidad en la que se encuentra el joven.
«El Ministerio Público valorará los antecedentes y otorgará garantías o medidas de protección que correspondan», indicó.
Agregó que existen 16 testigos entre premilitares, padres de familia y personal militar que generan elementos de convicción que serán valorados por la Fiscalía.
