El diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, anunció hoy (04.12.2019) que se iniciará la acción penal en contra de los diputados y senadores del Movimiento al Socialismo (MAS), que intentan aprobar contra toda norma vigente una «ley de impunidad» para el expresidente Evo Morales y sus funcionarios que cometieron delitos en Bolivia.
«A título de una ley de garantías lo que quieren es aprobar una ley de amnistía para Evo Morales, para (Álvaro) García Linera, para (Juan Ramón) Quintana, para dirigentes y para autoridades del Movimiento al Socialismo», aseveró Barrientos en Plaz Murillo.
El diputado del oficialismo aseguró que aprobar esa ley sería incurrir en el delito de «leyes contrarias a la Constitución», por lo que corresponderá al Ministerio Público iniciar la acción penal contra los diputados y senadores del MAS.
«Esto significa ya un delito, porque los diputados y senadores que aprueben resoluciones o leyes contrarias a la Constitución Política del Estado tendrán que asumir su responsabilidad ante las instancias que correspondan. Segundo, todos somos iguales ante la Ley y ante la Constitución» aseguró el diputado potosino.
Pese a los cuestionamientos y rechazo de diferentes sectores, en las siguientes horas la bancada del Movimiento Al Socialismo pretende tratar esta «ley de la impunidad» en la Asamblea Legislativa, que en el fondo intenta evitar la investigación y la sanción penal a quienes han incurrido en delitos.
El proyecto consta de 13 artículos y de acuerdo a afirmaciones desde diferentes sectores políticos, se trataría de una intención en otorgar «impunidad» a ex autoridades de Gobierno como Evo Morales y a líderes sindicales que formaron parte de los últimos conflictos registrados en noviembre en diferentes regiones del país.
«Esto realmente es absurdo, falta no mas ya que nos aparezcan con un proyecto de Ley para proteger a los monreros, a los lanceros, a los chorros, o sea no se puede generar impunidad para los que generan delitos, esto es nefasto para la justicia y para la democracia del país», sentenció Barrientos.
Uno de los artículos más cuestionados de este proyecto es el 9 que establece sobre «garantía a para los sectores sociales» que el «Estado boliviano a través de sus cuatro Órganos, sus instituciones, el Ministerio Público, la Policía boliviana y las Fuerzas Armadas, garantizan el pleno ejercicio de los derechos, libertades y garantías constitucionales para todos los líderes sociales, dirigentes sindicales, y personas movilizadas del campo y la ciudad en todo el territorio nacional».
De igual forma esta norma propone «protección» en su artículo 10: «Las autoridades electas, dirigentes sindicales, sociales, cívicos, las detalladas en el artículo 1 de la presente ley y su entorno familiar cercano serán protegidas por los Órganos del Estado, Ministerio Publico, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas», sostiene.
«Las personas protegidas por la presente ley para el resguardo efectivo de los derechos que estén siendo vulnerados, amenazados, hostigados o consideren que su vida, integridad física, propiedad privada estén en peligro, a sola denuncia verbal o escrita ante las autoridades correspondientes, de manera inmediata podrán activar las acciones de protección necesarias, pertinentes y eficaces», señala la propuesta del MAS.
Ante la consulta de intentar buscar impunidad para ex autoridades de Gobierno, el diputado por el MAS, Franklin Flores dijo que no se busca proteger a personas específicas. «No es una ley de amnistía, es una ley que garantiza las libertades constitucionales establecidas en la misma Constitución, al igual que el derecho a la libre expresión, la presunción de inconsciencia y el debido proceso».
El asambleísta manifestó que estas garantías se establecerán a partir de los hechos ocurridos luego del 20 de octubre.
GPA/ja
