El grave flagelo social del feminicidio ya bordea el centenar de mujeres asesinadas a manos de sus parejas en lo que va de la gestión 2021, sin que exista una acción concreta por parte del gobierno boliviano, que optó por priorizar juicios a exautoridades, dirigentes y políticos de oposición.
En el municipio de Viacha una niña de 8 años fue testigo del asesinato de su madre, Estivania C. R., y el entierro clandestino realizado por su padre Germán F. C. (51). La junta escolar de la escuela Hugo Banzer Suárez y el abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia denunciaron en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) la desaparición de la mujer.
El crimen había sido cometido el pasado domingo por lo que la niña no asistió a sus clases, lo que llevó a realizar una valoración psicológica y el menor reveló que su madre estaba muerta. “La niña nos aseveró textualmente: mi mamá está muerta, mi papá y mi padrino la han enterrado en el campo de mi papá”, relató Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno.
El funcionario de gobierno informó sobre la aprehensión de Germán F. C. (51) en el municipio de Viacha, quien admitió haber asesinado a su esposa y la había enterrado en un depósito sin dar parte a las autoridades. Según las investigaciones, el imputado habría matado a su pareja a golpes por celos.
“En la actualidad, ya van 94 casos de feminicidio en la presente gestión, resolviendo con más del 84 por ciento, todos y cada uno de los casos, no es suficiente ponderar el trabajo de la Policía, sino que en un futuro cercano necesitamos ponderar el trabajo de la población que sea parte, que se involucre (en la lucha contra) estos hechos de violencia”, indicó.
Señaló que a la fecha, se tienen 100 personas aprehendidas por casos de feminicidio, entre autores materiales, intelectuales y cómplices en el país. El grave flagelo social del feminicidio ha dejado en la orfandad en los que va del presente año a más de un centenar de niños que han quedado con su madre muerta y con el padre en la cárcel.
La falta de políticas de Estado para frenar este grave problema social genera disconformidad con el gobierno de turno que optó por priorizar sus esfuerzos en juicios penales contra exautoridades, dirigentes y políticos de oposición, dejando abandonadas a las familias que presentan que presentan problemas económicos y de relacionamiento en medio de la pandemia.
Hoy el ministro de Gobierno solo se limitó a instar a la población a involucrarse en la lucha contra la violencia y denunciar ante las autoridades competentes cualquier hecho que vulnere los derechos de las mujeres, niños o cualquier persona, para evitar que incrementen los delitos de feminicidio o violación.
“No podemos ser cómplices y que día a día estén maltratando a nuestras mujeres, a nuestras vecinas, a nuestros familiares o amigas y que no informemos correspondientemente a la justicia boliviana o a nuestra Policía, para que de manera inmediata podamos resolver este tipo de conflictos”, expresó Del Castillo en conferencia de prensa.
Sin embargo, muchos familiares de la mujeres víctimas de feminicidio han denunciado que los funcionarios policiales y del Ministerio Público se negaron a recibir sus denuncias, en otros casos, no hicieron nada a sabiendas de que el agresor había reincidido en la violencia contra la mujer en varias ocasiones.
El estado boliviano carece de políticas que sirvan para evitar (prevenir) los asesinatos de las mujeres a manos de sus parejas. La autoridades del área se ha limitado a contar los muertos, emitir mensajes y spots propagandísticos, cuando el flagelo del feminicidio ya ingresó en los niveles de una pandemia en Bolivia.
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