El canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció hoy (26.12.2019) que presentará una demanda contra el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez ante la Corte Penal Internacional porque el diplomático cree que en el futuro la Embajada mexicana en Bolivia «sería» intervenida por la Policía.
Ebrard hace futurología al manifestara que toman esa acción ante la eventualidad de que en el futuro la Embajada mexicana sea allanada por la Policía boliviana con el fin de aprehender a exautoridades requeridas por la justicia ordinaria.
«Más vale prevenir que lamentar y por esa razón el día de hoy recurriremos a la Corte Penal Internacional. Que yo sepa es uno de los pocos casos en que hemos hecho algo así, respecto A LA POSIBLE violación de un recinto diplomático en el exterior«, especuló Marcelo Ebrard ante la prensa de su páis.
El Gobierno de México protege a exautoridades que cometieron graves delitos en Bolivia razones por las cuales la Fiscalía inicio procesos penales y emitió ordenes de aprehensión en contra estas personas.
«El día de hoy México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Penal Internacional por violación a obligaciones diplomáticas», dijo Ebrard en conferencia de prensa en su país.
El canciller mexicano dice que no existe precedente de un -supuesto- hostigamiento a una sede diplomática mexicana como el que ocurre actualmente en Bolivia, lo cual incluye sobrevuelos con drones y toma de fotografías, así como más de 90 elementos de la policía y el Ejército en las inmediaciones de la Embajada mexicana.
«Estamos estableciendo conexión con la comunidad internacional porque ni aún en los peores años de las dictaduras militares de los años de 1970 y 1980 se puso en riesgo las instalaciones de México y su residencia», manifestó Ebrard ante los medios de comunicación de su país.
Por otro lado, Ebrard señaló que por el momento México no tiene previsto cerrar la Embajada o el Consulado mexicano en Bolivia, puesto que existen cerca de 10.000 mexicanos en este país y el cierre pondría -supuestamente- en riesgo a la población asentada en suelo boliviano.
«Lo haríamos como un último recurso, esperemos no lleguemos hasta allá», dijo Ebrard. «Es un atropello y eso no lo vamos a permitir nunca a ningún país». señaló el funcionario diplomático.
La cancillería mexicana dice que al momento se encuentran nueve bolivianos que solicitaron asilo en la Embajada mexicana. De ellos, cuatro tienen orden de aprehensión dictada por el Gobierno de Bolivia -dice Ebrard- cuando en realidad la institución que emite las ordenes de aprehensión en Bolivia es la Fiscalía.
El canciller mexicano también adelantó que tienen «un plan de emergencia en curso», pero la cancillería mexicana se reservó la información dado el comportamiento del Gobierno boliviano.
El Gobierno de Bolivia cree que ese «plan» de Ebrard es ejecutar un operativo en los feriados de fin de año para ayudar a la fuga de las exautoridades bolivianas requeridas por la justicia boliviana.
Ebrard descartó que por el momento México vaya a retirar a su personal diplomático en Bolivia o vaya a expulsar a diplomáticos bolivianos en territorio mexicano.
El pasado 27 de noviembre las autoridades bolivianas requirieron a la embajadora mexicana en Bolivia, María Teresa Mercado, la entrega del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, la exministra de Culturas, Wilma Alanoca, el exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, el exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), Nicolás Laguna, el exfuncionario de informática del Órgano Electoral, Sergio Daniel Martínez Beltrán, este último ya prófugo en Perú.
La canciller boliviana, Karen Longaric, fue la encargada de entregar a la embajadora de México las cinco órdenes de captura emitidas por la Fiscalía, para que se entregue a los investigados con la finalidad de que respondan ante la justicia por delitos comunes.
El exmilitar Juan Ramón Quintana está acusado de terrorismo, sedición y otros delitos, porque este exministro estratega del régimen de Evo Morales Ayma, había anunciado que Bolivia se convertiría en un “campo de batalla, un Vietnam moderno” y así fue, Bolivia vivió días de terror la semana del 10 de noviembre, tras la renuncia de Morales.
Quintana aseguró que las organizaciones que respaldan a Morales saldrán a defenderlo, por lo que prevé que “Bolivia se va a convertir en un gran campo de batalla, un Vietnam moderno porque aquí las organizaciones sociales han encontrado un horizonte para reafirmar su autonomía, soberanía, identidad”.
Wilma Alanoca tiene un mandamiento de aprehensión por los presuntos delitos de corrupción y la compra y almacenamiento de combustibles para la fabricación de bombas molotov. Muchos de estos artefactos fueron utilizados en la quema de varios edificios policiales en la ciudad de El Alto, viviendas particulares y buses municipales en la zona Sur de La Paz.
Mientras que con Nicolás Laguna y Sergio Martínez (prófugo), la Fiscalía informó que son procesados por delitos cometidos el caso fraude electoral que benefició al depuesto presidente Evo Morales Ayma. El fraude electoral derivó en una convulsión social en todo el territorio boliviano, dejando como saldo varios muertos y heridos
En el caso del exgobernador Víctor Hugo Vásquez, existe una orden de aprehensión en su contra por el delito de uso indebido de bienes del estado en el bloqueo de Vila Vila, hecho en el que una caravana de mineros y cívicos de Potosí y Chuquisaca fueron emboscados con armas de fuego.
Ante toda esta realidad, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hace otra cosa que obstaculizar e incurrir en injerencia en asuntos internos de Bolivia, por su supuesta afinidad política con el depuesto presidente Evo Morales Ayma.
La intromisión en asuntos internos de Bolivia llegó a extremos en los últimos días, cuando López Obrador manifestó que su país quiere ver si se convocan a elecciones en Bolivia y quiénes participarán de ellas.
López Obrador hizo ese comentario en conferencia de prensa este martes, al ser consultado sobre si los últimos impases diplomáticos no serían una presión para que México reconozca al Gobierno de Jeanine Añez.
“Estamos en espera de que se aclaren muchas cosas, queremos ver si se va a convocar a elecciones, quién va a participar en las elecciones, tanto en la organización, si van a poder participar todas las fuerzas políticas, si se va a restablecer el orden legal en Bolivia, todo esto en el marco de nuestra política de no intervención y autodeterminación de los pueblos”, manifestó López Obrador.
Evo Morales Ayma estuvo en el gobierno 14 años consecutivos, pese a que la Constitución Política aprobada en referendo y promulgada por el mismo mandatario prohibe la reelección indefinida en su artículo 168.
Morales Ayma, no conforme con los 14 años de gobierno continuo en Bolivia, se aprestaba a seguir en el gobierno hasta el 2025 con un fraude electoral que fue confirmado por la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, que participaron como observados en las elecciones del 20 de octubre.
Esta acción coordinada entre el partido del Evo Morales y el Tribunal Electoral derivó en una gran movilización social en todo el territorio boliviano en contra de Evo Morales y los vocales electorales. La gran movilización civil finalmente logró que el 10 de noviembre Evo Morales Ayma presentara su renuncia al cargo, por horas antes la OEA emitía su informe de auditoria sobre las elecciones que confirmaban las graves irregularidades en esos comicios.
