El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, afirmó que las decisiones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) son inapelables, después de que en pasadas horas la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dejó en suspenso la inhabilitación o no de la candidatura de Evo Morales a senador del MAS por Cochabamba.
«Pido al Tribunal Electoral que deje de hacerse al loco, el que dirige los procesos electorales no es el Tribunal (de Justicia), es el TSE, él es el que define las candidaturas, las inhabilitaciones; por eso, sus fallos son inapelables, pero ahora estamos sujetos a lo que diga un juzgado, entonces para qué (la entidad electoral) es un órgano separado, independiente y autónomo», cuestionó.
Ayer, el vocal de la Sala Constitucional Segunda, René Delgado Ecos provocó el empantanamiento del fallo en la votación en la audiencia de amparo constitucional, que presentó la defensa de Morales para tratar de habilitar su candidatura. El otro vocal de dicha Sala, Heriberto Pomier, ratificó la decisión del TSE, de inhabilitar la candidatura de Morales.
El pasado 20 de febrero el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia inhabilitó las candidaturas al Senado de Evo Morales, Diego Pary, Mario Cossío y Jazmín Barrientos. El presidente del TSE, Salvador Romero, señaló que la decisión se tomó debido a que ninguno cumple con el requisito de residencia permanente en el país.
Según el abogado constitucionalista, Williams Bascopé, el vocal René Delgado votó a favor de la habilitación y Heriberto Pomier en contra, por lo que la decisión quedó a cargo de un vocal «dirimidor», que será elegido en las próximas horas y luego se convocará a una nueva audiencia.
«Estoy indignado con lo que está ocurriendo (…), cómo hoy (todavía podemos estar) discutiendo si lo vamos a habilitar o no, estemos discutiendo si su principal (líder Evo Morales), que mandó a cercar las ciudades (será candidato o no)», manifestó Arias, en entrevista con Cadena A.
Incluso, consideró que el TSE no puede someterse a otro poder del Estado al permitir que aún se discuta la habilitación de Morales en estrados judiciales, cuando el ente electoral ya determinó, en pasados meses, inhabilitarlo por incumplir el requisito de residencia permanente en Bolivia.
El expresidente renunció en noviembre de 2019, en medio de una crisis social luego que se denunció un posible fraude electoral en los comicios del 20 de octubre. Tras dimitir, salió del país y buscó refugio en México y Argentina, donde reside actualmente.
«Por eso estoy muy molesto y llamo al señor Salvador Romero (presidente del TSE), lo convoco al señor Salvador Romero, (porque) se lo puso ahí en el TSE no para que se haga consultas (a otros poderes), sino para que recupere la democracia», remarcó.
El MAS y Evo Morales en particular, han emprendido un sistemático rompimiento del ‘estado de derechos’, en su 14 años continuos de gobierno. Un hito nefasto de esa voluntad de Evo Morales de no someterse a las leyes bolivianas, fue no cumplir la voluntad del pueblo expresada en referendo constitucional del 21 de febrero de 2016 que rechazó su reelección indefinida.
Entre tanto, el abogado Bascopé aseguró que el expresidente Morales está dando sus últimos «pataleos» con este tipo de recursos porque quiere, de alguna forma, refugiarse en el cargo de senador debido a que, si no accede a ese cargo público, la justicia nacional o internacional le caerá encima en algún momento por los varios procesos que pesan en su contra.
Tras la huida de Evo Morales a México el 11 de noviembre de 2019 -un día después de su renuncia a la Presidencia de Bolivia- le llovieron los juicios penales en su condición de exmandatario. Evo Morales, leal con su voluntad de romper las leyes, incurrió en terrorismo, sedición hasta delitos de genocidio con sus llamados a bloquear carreteras hasta dejar sin alimentos a niños, mujeres y hombres que viven en la ciudades.
Frente a la inacción del Poder Judicial y la Fiscalía de Bolivia sobre este tipo de demandas penales, varias personas recurrieron a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, para denunciar a Evo Morales por crímenes de lesa humanidad en el que puede ser condenado hasta 30 años de prisión si se comprueban los ataques generalizados y sistemáticos a la población civil por razones ideológico-políticas durante sus 14 años de gobierno.
«En caso de que se confirmara y se ingresara a juicio, en efecto, la pena que se arriesga es de 30 años máximo. Aunque se comprobara la culpabilidad, no es automático. Vale decir que los jueces valoran la gravedad de los hechos y el tipo de responsabilidad penal, la sentencia puede ser menor, pero en todo caso hasta un máximo de 30 años», explicó este sábado el abogado habilitado ante la CPI, Alfonso M. Dorado, en un contacto con el periódico Bolivia.
