El Comité Cívico Pro Santa Cruz presenta en la presidencia de la Cámara de Diputados dos denuncias contra los actuales magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y en contra de los exmagistrados que beneficiaron a Evo Morales con la sentencia para 084/2017 para su reelección indefinida.
La primera demanda presentada en contra de los actuales tribunos es por incumplir el mandato constitucional que elimina los juicios en rebeldía del imputado. Mientras que la segunda demanda es en contra de los tribunos del 2017 que violaron la Constitución Política del Estado y usurparon las atribuciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Han incumplido de forma directa y deliberada un mandato constitucional que anuló el juzgamiento en rebeldía cuando inclusive el mismo ministro de Justicia (Iván Lima) reconoció la vigencia y validez de esta sentencia constitucional (0012/2021). Ahora resulta que en el tribunal constitucional señalan que, esta sentencia no habría logrado la mayoría de votos para ser aprobada”, aseveró el abogado Jorge Valda, de los cívicos cruceños.
El abogado Martin Camacho, acusó a los exmagistrados que emitieron la sentencia 084/2017, que avaló la la reelección de Evo Morales el 20 de octubre de 2019, de violar el referendo vinculante del 21 de febrero del 2016, lo que ha ocasionado varias pérdidas de vidas humanas hasta diciembre del 2019.
Por su parte, el abogado Martin Camacho informó que también se presentó una denuncia contra los tribunos que integraron el TCP en 2017 y que aprobaron la sentencia constitucional 0084/2017 que dio vía libre a la reelección indefinida.
“Se está presentando además una demanda contra el Tribunal Constitucional anterior, en razón de la sentencia constitucional 84/2017 que vulnerando el referéndum del 21 de febrero aprobó y avaló la repostulación del expresidente Evo Morales, derivando esto en los sucesos del año 2019”, manifestó Camacho.
El Comité Cívico Pro Santa Cruz solicita a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de responsabilidades contra los magistrados y exmagistrados seleccionados por el Movimiento al Socialismo (MAS), por violar la Constitución Política del Estado y sentencias constitucionales.
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