En el conflicto de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), el error del gobierno de Evo Morales, de enfrentar siempre con la misma metodología los conflictos sociales, derivó en una fractura en el amalgama que existía entre la Policía y la administración gubernamental.
En los distintos conflictos sociales que enfrentó el gobierno y en los que, invadió el desanimo en los movilizadas tras asomar la muerte, nunca habían sido registrados en video, porque estos se desarrollaron en el área rural, donde no hay cámaras filmadoras.
Lo que no ocurrió en el caso del universitario alteño, Jonathan Quispe Vila, de cuya muerte, ocurrida el 24 de mayo, existen videos de celulares y de cámaras de seguridad.
La “apresurada” y airada conferencia de prensa del gobierno y la policía, en la noche del jueves 24 de mayo, dio inicio a una cadena de errores en el manejo del conflicto en uno de los bastiones del MAS, la ciudad de El Alto.
La errónea hipótesis de que, una “canica” impulsada por uno los petardos de los universitarios había matado a Jonathan Quispe, ameritó una reacción de impacto mediático por parte del gobierno, y esa fue la decisión de “sacrificar a un peón”; el subteniente Cristian Casanova sería aprehendido en vivo y directo en la misma conferencia de prensa del ministro Carlos Romero, el fiscal Ramiro Guerrero y el comandante nacional de la Policía, Faustino Mendoza.
La supuesta autoría de un policía sobre el asesinato del estudiante Jonathan Quispe, derivó en que diputados y senadores de la oposición demanden al gobierno abrir una investigación sobre la actuación de la Policía en otros conflictos sociales donde se registro civiles asesinados con impactos de “canicas”, el uso de armamento no convecional, prohibida por por acuerdos internacionales.
En el avance de la investigación policial sobre la muerte del universitario alteño, se devela que el subteniente Casanova niega haber realizado disparados con “canicas” y mucho más para matar a alguien.
Al generar una duda razonable sobre la autoría de Casanova, casi inmediatamente, el comandante General de la Policía, Faustino Mendoza inicia un proceso penal al subteniente Cristian Casanova, por el delito de homicidio, abandonando a su suerte al policía que integró la Unidad Táctica Operativa (UTOP) de la Policía de La Paz, el día en que murió Jonatha Quispe.
La denuncia de Mendoza contra Casanova dice, “como verán sus autoridades, de los fundamentos de hecho expuestos líneas arriba, se evidencia con meridiana claridad que el funcionario policial Sbtte. Cristina Bladimir Casanova Condori, se apartó de la normativa vigente que regula el desempeño de la actividad policial, hecho que habría causado el fallecimiento del universitario Jonathan Quispe Vila, subsumiendo su conducta en el tipo penal previsto y sancionado en el artículo 260 del Código Penal (homicidio culposo)”.
En el caso del Ministerio Público, el fiscal de El Alto, César García, imputó a Casanova por el delito de asesinato porque supuestamente existen los elementos suficientes para esta acusación.
Según el Código Penal boliviano, el asesinato tiene como sanción máxima 30 años de cárcel; en cambio el delito de “homicidio culposo” la sanción mayor es de tres años.
