La ex Presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez (2019-2020), se declaró en huelga de hambre en la cárcel de Miraflores como rechazo al «juicio ordinario» promovido por el partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), a su condición de ex dignataria de Estado.
«Bolivianos: hoy desde mi celda en Miraflores en La Paz, tomo una de las decisiones más duras de mi vida. Hoy ingreso en huelga de hambre. Estoy desesperada de ver un país sin justicia ni ley. Veo que mi acción podrá ayudar a que la comunidad internacional entienda que la justicia es de Evo Morales y Luis Arce”, afirma Áñez en manuscrito leído por la hija Carolina Ribera.
En medio de esas irregularidades denunciadas por la ex presidenta Áñez, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz determinó iniciar el «juicio ordinario» para una ex Mandataria a las 9:00 del jueves 10 de febrero de forma virtual, por el caso basado en la teoría del ‘golpe de Estado’.
“Estoy enferma, pero mis últimas fuerzas las dedicaré para demostrar al país y al mundo que estos hombres, ‘machos del poder’, no podrán ocultar de la historia el fraude que cometieron, que fueron encontrados y renunciaron escapando del país”, señala otra parte de la misiva.
En el denominado caso «golpe de Estado II» también fueron incluidos el ex comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman; el exjefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce; el ex comandante del Ejército, Pastor Mendieta; el ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Gonzalo Terceros; y el ex comandante de la Armada, Palmiro Jarjury.
El caso denominado como «golpe de Estado II» es el segundo caso, resultado del «desdoblamiento» efectuado al caso «golpe de Estado», que incluía la denuncia emprendida por la ex diputada del MAS, Lidia Paty y el actual senador del MAS, Andrónico Rodríguez, sin embargo, por razón desconocidas el juez determinó dividir el caso «golpe de Estado» en dos procesos judiciales ordinarios para una ex dignataria de Estado.
«En fecha 23 de julio, el Juez Décimo de Instrucción en lo Penal dispuso separar, dividir los procesos, fraccionarlos y remitir en cuanto a resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, estos antecedentes, ante el Juez Anticorrupción», aseveró el abogado Luis Guillen, el 3 de agosto de 2021.
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