Diputados del Movimiento al Socialismo (MAS), aprobaron hoy (14.01.2020) en la Cámara Baja la Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos, ante llamada Ley de Garantías, norma que no siguió los procedimientos establecidos en la Asamblea Legislativa.
En la tarde de este martes, los diputados del MAS usó sus dos tercios para sancionar la Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos, norma que no fue consensuado con el poder Ejecutivo y mucho menos con los organismos internacionales, garantes del proceso de pacificación en Bolivia.
La norma es cuestionada y rechazada por la sociedad civil y los políticos porque esta con esta Ley el MAS pretende dar amnistía a exautoridades del Gobierno y dirigentes implicados en hechos delictivos, en especial al expresidente Evo Morales.
Ante esas irregularidades, en la víspera el senador Oscar Ortíz de Unidad Demócrata, presentó ante la presidencia del senado la impugnación a esta Ley.
No obstante, desde el MAS aseguran que la norma no busca proteger ni dar impunidad a nadie y solo busca “garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos para todos los bolivianos y bolivianas”.
Desde la Asamblea Legislativa dicen que esta Ley tiene por objeto velar por el cumplimiento del ejercicio de los derechos fundamentales, civiles, políticos y de libre expresión, contenidos en la Constitución Política del Estado, Tratados, Convenios e Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos.
Asimismo, prohíbe las acciones de hecho, aprehensiones y detenciones preventivas arbitrarias, hostigamiento judicial o cualquier medida ilegal de coacción que impida el libre ejercicio de derechos y libertades, por los acontecimientos políticos suscitados a partir del 21 de octubre de 2019.
Desde el Ejecutivo, consideran que estas explicaciones del Legislativo le dan la razón a todos quienes rechazan la Ley en cuestión, porque la norma es redundante e innecesaria porque todos los derechos, leyes y tratados están vigentes en la actualidad.
En cuanto a las prohibiciones establecidas en esta cuestionada Ley del MAS, ella vulnera las competencias del Ministerio Público, que tiene la obligación de actuar y perseguir a los delincuentes, sin importar si ellos son del partido político del MAS.
Con estos argumentos, el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, aseguró que el Gobierno no permitirá que la mencionada norma entre en vigencia y aplicará las medidas pertinentes para ese fin.
Señaló que el Gobierno enviará la norma al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que sea esa instancia la que defina la legalidad o no de la Ley.
Por otro lado los activistas autodenominados como «la resistencia», ya anunciaron movilizaciones contra esta ley del MAS.
