Ante la versión de que Vania Lanchipa, hija del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, trabaja con el magistrado del Tribunal Constitucional, Gonzalo Hurtado, ligado al caso “Pedro Montenegro”, la primera autoridad del Ministerio Público salió al paso para negar que su hija trabaje con el mencionado magistrado.
“Mi hija no trabaja con el señor Hurtado, accedió a un puesto laboral subalterno donde cumple funciones administrativas”, dijo el Fiscal General en conferencia de prensa desarrollada en Sucre.
Por su lado el presidente del TCP, Petronilo Flores, indicó que la hija del fiscal general es funcionaria desde febrero en el cargo de Radicadora, al que accedió por libre nombramiento, toda vez que en el TCP no se implementó la modalidad de carrera. Justificó que toda persona tiene el derecho de acceder a cualquier puesto siempre que cumpla exigencias institucionales.
Señaló también que Vania Lanchipa depende directamente de la Secretaria de la Sala Cuarta Especializada, propuesta por el magistrado Iván Espada, el que acompaña a Hurtado en esa Sala.
El Ministerio Público tiene pendiente la toma de declaraciones del magistrado Hurtado dentro de las investigaciones que se sigue al narcotraficante Pedro Montenegro Paz. Lanchipa anticipó que esa actuación legal será desarrollada en los próximos días.
“Es más, esto no será un impedimento o un óbice para que el Ministerio Público lleve adelante una investigación contra el señor Gonzalo Hurtado”, manifestó.
“Lo que pretenden es cuestionar la integridad moral de quien habla y no lo van a quebrar, porque no habrá ningún óbice para llevar adelante todas las investigaciones y todo lo que tengamos que hacer, sin privilegios ni exclusiones”, acotó Lanchipa.
La autoridad aseguró que la investigación del caso Montenegro, donde se hallan implicadas varias personas entre autoridades y exautoridades, proseguirá con total objetividad.
“lo único que queremos es encontrar la verdad de los hechos, sin perjudicar ni favorecer a nadie”, en este caso el señor Gonzalo Hurtado será convocado por el Ministerio Público de acuerdo a un cronograma y en el marco de la normativa penal aplicable.
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