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En la Asamblea Legislativa el partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) concluyó su acto de «interpelación» a sus ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, por el caso Quiborax, con un «voto de confianza».
«#ALP aprueba orden del día puro y simple y emite voto de confianza a los ministros», señala un mensaje de la Cámara de Senadores en su cuenta oficial en Twitter.
El expresidente Carlos Mesa hoy (04.07.2018) denominó el acto desarrollado por el MAS en la Asamblea Legislativa como un acto de autocomplacencia, en el, entre masistas se hacen preguntas y se responden.
«Me ha dado una sensación terrible de que en esta Asamblea Legislativa lo que se ha producido es un acto de autocomplacencia, es decir, que se reúnen parlamentarios del oficialismo para nominalmente hacer una interpelación previamente acordad para permitirles a dos ministros de Estado dar sus argumentos», puntualizó Carlos Mesa a los periodistas.
El exmandatario afirmó que el acto de interpelación del MAS le pareció más un inicio del juicio de responsabilidad que el Gobierno aspira impulsar contra él, para anularlo políticamente ante una eventual contienda electoral entre Evo Morales y Mesa.
«Más que un acto de interpelación esto parecía un acto adelantado de la apertura de una acusación en contra de Carlos Mesa, que es lo que probablemente se producirá, sí el Fiscal General del Estado decide abrir una acusación en nuestra contra», dijo Mesa en rueda de prensa improvisada a la salida del Parlamento Nacional.
En la novena sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que se instaló aproximadamente a las 9:30, ambos ministros, más que responde los cuestionamientos pactados, realizaron exposición libre de sus argumentos para eludir sus responsabilidades sobre la mala defensa del Estado efectuada desde el año 2006 hasta el 2018.
«El momento final, el supuesto momento de preguntas de los diputados interpelantes fue un acto de aplauso, de complacencia, de respaldo y de ratificación a todo lo que los ministros habían dicho y las preguntas que hizo un de los interpelantes eran más a Carlos Mesa, que a los ministros interpelados», puntualizó el exmandatario.
Carlos Mesa dejo en evidencia sobre una «manipulación» del MAS en la Asamblea Legislativa de dar curso a una solicitud de interpelación del partido gobernante presentada posterior al pedido de interpelación presentada por los diputados y senadores de Unidad Demócrata, coalición opositora.
«Un elemento que me parece preocupante, entiendo yo que la oposición planteó un acto de interpelación con una fecha anterior a la supuesta interpelación que han hecho los parlamentarios del oficialismo, y por alguna razón que no comprendo, las autoridades que manejan estos actos aquí en la Asamblea Plurinacional le han dado prioridad a la interpelación hecha por el oficialismo», apuntó Mesa.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) falló contra Bolivia y a favor del pago 42,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax, tras una mala defensa del Gobierno de Evo morales por la anulación de una concesión en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita, efectuada en la gestión de Mesa, el año 2004. Después, esta acción de Carlos Mesa fue anulada abrogada por el entonces presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, que corrigió los errores procedimentales de la reversión en otros Decreto Supremo.
Carlos Mesa sorpresivamente arribó al hemiciclo, donde diputados y senadores estaban reunidos para llevar adelante la supuesta interpelación a los ministros de Justicia y de Minería. En un principio, Mesa fue impedido de acceder al acto, acción que violenta el derecho de acceso a un acto más publico como la reunión de los parlamentarios.
Mesa afronta ante la Fiscalía un proceso planteado por la Procuraduría General del Estado tras perder el laudo arbitral interpuesto por la Quiborax en la CIADI, desde el año 2006 hasta el 2018.
El argumento para el juicio interpuesto por Pablo Mencacho contra Mesa es la supuesta existencia de errores en la reversión de las concesiones de la chilena Quiborax, que derivó en el juicio ante la CIADI. Sin embargo este argumento fue desbaratado por Mesa, ya que todas las fallas procedimentales que pudo tener su Decreto Supremo fueron anulados el año 2005, cuando el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, abrogó ese Decreto y emitió otro, que subsanó los errores cometidos en el gobierno de Mesa.
En su intervención en el acto de «interpelación», el ministro Héctor Arce reveló detalles por primera vez sobre la filtración de información realizada a la empresa chilena Quiborax, por la subprocuradora, Carmiña Llorenti.
“No había internet en la Sala, (el abogado de Chile) le pidió una computadora a la Subprocuradora (Llorenti), la Subprocuradora, según información, le prestó su computadora. Esa persona, la Subprocuradora cuando se percató de ese hecho nos informó a nosotros, ella nos ha informado, la doctora Carmiña Llorenti, y qué hicimos; se la desvinculó inmediatamente”, declaró Arce, admitiendo así que la subprocuradora, Carmiña Llorenti, le presentó un informe en el que da cuenta de que hubo un acto indebido de uno de los abogados de Chile en la etapa de negociones.
¿Qué dice el informe de la subprocuradora Carmiña Llorenti» de fecha 8 de diciembre de 2016?.
“Cuando terminaron de redactar (los abogados de la parte demandante) se enviaron de mi correo personal, que estaba abierto, a sus correos cuatro documentos, dos versiones de la sentencia, una con control de cambios, otra que ya tenía todo corregido y dos acusaciones de querellante y de Ministerio Público”, según consigna el portal de Urgentebo.
El ministro de Justicia, también exProcurador del Estado, Héctor Arce, mencionó que esa información la recibió el 7 de diciembre del 2016 y 16 días después, el 23 de diciembre de ese año se le informó al presidente del Estado, Evo Morales. “Se le explicó la situación”.
“Tras el informe se la desvinculó de su función y se mandó un informe y se mandó a la Dirección Jurídica. La Dirección Jurídica ya al mando del doctor Pablo Menacho, el 25 de enero del 2017 dispuso un proceso administrativo (contra la funcionaria)”, agregó Arce.
