El ministro de Justicia, Héctor Arce, cree que la convocatoria a una movilización contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) atenta contra la democracia. «Tratarlos de delincuentes (a los vocales del Tribunal Supremo Electoral), querer invalidar las candidaturas ganadoras de acuerdo a las encuestas, es atentar contra la democracia», esgrimió argumento el ministro de Justicia, el también abogado Arce Zaconeta, en el canal estatal.
Con la principal demanda de respeto a los resultados del referendo vinculante del 21F y la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), este lunes marcharán cívicos, el Comité de Defensa de la Democracia (Conade), activistas del 21F, la UMSA y candidatos de la oposición, desde las inmediaciones de la Ceja de El Alto hasta la plaza Abaroa donde se desarrollará un plantón pacífico.
El presidente del Comité Cívico, Luis Fernando Camacho, aseguró que los vocales no reflejan la seguridad electoral que necesitan los ciudadanos bolivianos. “De no escucharse continuaremos con las medidas para lograr este objetivo de que no participe este binomio”, advirtió Camacho.
A la movilización de este lunes también se sumaran los candidatos presidenciales de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, y de Bolivia dice No, Óscar Ortiz, por separado, para exigir la renuncia de los vocales del TSE.
«Son medidas políticas que buscan otros fines, son medidas absolutamente vanas, banales que no van a tener mayor convocatoria y tienen un trasfondo político, perjudicar una candidatura», agregó.
En el mes de diciembre pasado algunos miembros del Tribunal Supremo Electoral habilitaron las candidaturas de Evo Morales y Álvaro García Linera, sin observar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado y las Leyes electorales.
El TSE ignoró la vigencia de los resultados del referendo vinculante del 21 de febrero del 2016 (21F) que rechazó la repostulación de Evo Morales a un cuarto mandato y a una tercera reelección, mediante la modificación del Artículo 168 de la Constitución Política del Estado.
El TSE basó su determinación, de habilitar la repostulación de Evo Morales, en un fallo del Tribunal Constitucional, que en noviembre del 2017 ‘trastocó’ la Constitución Política del Estado, interpreto el Pacto de San José, atribución que corresponde a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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